Por qué y cómo revisar la ley sobre determinación de la muerte

Hace unos días se publicó una Declaración firmada por más de un centenar de investigadores de distintos países sobre la revisión de la ley estadounidense que define los criterios diagnósticos de la muerte (enlace aquí). Entre los firmantes se encuentran David Rodríguez-Arias y Alberto Molina Pérez. En esta entrada del blog queremos explicar brevemente de qué se trata, por qué la hemos firmado, y qué consecuencias podría tener.
 
La Declaración, liderada por el neurólogo Alan Shewmon de la Universidad de California Los Ángeles, interviene en un momento crítico, pues la ley vigente en la mayoría de los estados de EEUU desde 1981 está siendo evaluada por una comisión gubernamental, la Uniform Law Commission, que podría recomendar su modificación. Estos cambios, que tarde o temprano sin duda se producirán, en un sentido o en otro, podrían tener un impacto legal significativo no solo en los EEUU sino también en otros países como España.
 
En concreto, los firmantes de esta Declaración se pronuncian a favor de revisar la ley llamada UDDA (Uniform Determination of Death Act) pero en contra de una propuesta de revisión llamada RUDDA (Revised Uniform Determination of Death Act). En pocas palabras, la UDDA reconoce como legalmente válidos tanto el criterio de muerte circulatoria-respiratoria como el criterio de muerte encefálica. En este último caso, la ley dice que “un individuo que hubiera sufrido el cese irreversible todas las funciones del encéfalo en su conjunto (all functions of the entire brain), incluido el tronco cerebral, está muerto”.
 
La idoneidad de estos criterios, especialmente el neurológico (la llamada “muerte cerebral”), divide a los expertos desde hace décadas. El debate sigue abierto y acalorado, y el único consenso al que se ha llegado es que el criterio encefálico, en su forma actual, debe ser revisado. Los motivos son múltiples y muy diversos, por lo que no es posible resumirlos aquí. Algunos son estrictamente médicos, mientras que otros son éticos, filosóficos o legales.  Lo que sí se puede decir es que los conocimientos científicos y las capacidades técnicas han avanzado mucho desde que estos criterios fueron enunciados en 1981, por lo que su formulación ya no se corresponde con el estado actual de la medicina. Los expertos, tanto los más críticos como los más conservadores, coinciden en que una actualización de los criterios de determinación de la muerte es cada vez más necesaria, pero no se ponen de acuerdo en cómo deberían actualizarse. Este debate afecta también a la ley española, así como a las leyes de casi todos los países que reconocen legalmente la “muerte cerebral”, esto es la mayoría de aquellos que cuentan con programas de donación de órganos de donantes fallecidos de muerte encefálica.
 
Molina-Pérez, A.